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Conversatorio puso de relieve reflexiones sobre género y organización judicial

22 noviembre 2021 | Por Gabriela Quintana R.

La profesora, Marcela Araya, se refirió a la función jurisdiccional y al rol que hoy cumple el juez o jueza.

La profesora de Derecho Probatorio en la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, Dra. Marcela Araya, y magistrada del Tribunal de Garantía de Puerto Montt, participó del ciclo de conversatorios sobre «Género y Proceso»  en la sesión 2 titulada «Género, Proceso y Organización Judicial», actividad que fue organizada por Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y patrocinado por la Corte Suprema, a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema de Justicia.

El conversatorio se realizó el 18 de noviembre, a las 17:00 horas, mediante la plataforma Zoom, donde expuso, además, la profesora, Lorena Lorca, de la Universidad de Chile.

La profesora Araya, se refirió a la función jurisdiccional y al rol que hoy cumple el juez o jueza, estructurando su exposición en cuatro ejes: la imparcialidad judicial, la perspectiva de género, el deber de motivar las resoluciones judiciales y el derecho de acceso a la justicia y cómo estos ejes se interrelacionan en el quehacer de la judicatura.

“El deber de imparcialidad que resulta consustancial a la labor del juez y la jueza, y que implica una ausencia de compromiso personal de aquellos con el objeto del proceso, así como con las partes involucradas en él, no se subvierte mediante la integración de la perspectiva de género.  La obligación de motivar las decisiones judiciales se vincula con el deber de imparcialidad pues por una parte permite dotar de credibilidad a la actividad de juzgar y, por otra, obliga a los jueces y juezas en la actividad que le es propia a dotar a sus decisiones de argumentos objetivos y razonables, fundados solo en las razones que el derecho suministra. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia que resulta crucial tratándose de personas en situación de vulnerabilidad o cuyos derechos son estructuralmente conculcados, como ocurre con las mujeres; permite efectivizar su reconocimiento y preservación por los órganos encargados de administrar justicia, entre otros”, precisó la académica.

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