Producto del masivo descontento social hacia el modelo político, social y económico que se evidencia en Chile, y que en la práctica se ha traducido en una desconfianza generalizada hacia la clase política, buena parte de los parlamentarios han asumido -tardíamente- la tarea de plantear potenciales vías de salida a la “crisis”, pero siempre cuidando que esto se haga desde la institucionalidad. Bajo esa dinámica, es posible señalar que buena parte de las acciones que hasta ahora se han planteado, y tal como ocurriera con el cambio de sistema electoral, se ha hecho en la lógica de priorizar los intereses de los parlamentarios -y de los partidos políticos- respecto a lo que les exige la ciudadanía.
Esto es así, ya que un buen número de parlamentarios ha aprovechado el estallido social en aras de intentar acomodar su posición de poder de cara al nuevo escenario, buscando no sólo eximirse de su responsabilidad política sino también mostrándose como un actor político capaz de materializar -de manera responsable- las reivindicaciones que la población presenta.
Este aprovechamiento, evidenciado con la activación de la tarea legislativa -la que además se caracterizarse por una velocidad de trabajo no acostumbrada- se ejemplifica, entre otros, con la reactivación de un proyecto de ley -presentado el 2006- y por el cual se limitaba la reelección de los parlamentarios.
Al respecto, el proyecto -que está listo para discutirse en Sala- establece que a partir de la próxima elección los senadores sólo podrán someterse a la reelección por una vez, mientras que los diputados en dos ocasiones. A su vez, esta limitación sólo aplicaría en los casos que el parlamentario quiera postular al mismo cargo de representación popular y en la misma circunscripción o distrito, según sea el caso.
Ante esto, y a partir de un instrumental entendimiento al principio de irretroactividad de la ley, el proyecto facilita la posibilidad para que el parlamentario en ejercicio esté dispuesto a hacer movilidad electoral en aras de perpetuarse en una posición de poder, lo que implica que el proyecto en cuestión no tribute al espíritu renovador de la clase política, transformándose en una nueva manifestación de la letra chica con la que legislan nuestros parlamentarios.