Se sabía que la decisión de la Presidente Michelle Bachelet relativa a impulsar una ley que levantara el secreto del Informe Valech traería apoyos y rechazos. Lo anterior en función de los argumentos que algunos esgrimen y que refieren, por un lado, a la necesidad de transparentar una verdad que ayude a evitar una impunidad que es percibida como un vicio de nuestra democracia, y, por el otro, que consideran que la medida está motivada por intereses políticos que no invitan a cerrar las heridas producidas por la dictadura. Producto de ello, se ha generado un debate relativo a entender si es que el Estado de Chile está obligado, por normas internacionales en materia de Derechos Humanos, a levantar el secreto de 50 años que impuso la Ley 19.992 a las declaraciones de las víctimas recogidas en la Comisión Valech.

Ante esto, resulta importante señalar que a nivel internacional, y a pesar de la existencia del principio de transparencia y publicidad, no existe una norma específica dentro del sistema internacional de protección a los derechos humanos que genere la obligación a cualquier Estado a levantar los secretos existentes en instrumentos de “carácter político” realizados por los gobiernos con la finalidad de tener una visión relativa a la temática de violación a los derechos humanos, como es el caso del Informe Valech. No obstante, y para el caso de Chile, sí existen numerosas recomendaciones por parte de distintos Comités emanados de distintas convenciones internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos, tales como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, promulgada por Chile el 2010, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes promulgada por Chile en 1988, que sí explicitan la necesidad de transparentar las investigaciones a fin de poder explicitar una verdad histórica que permita generar una conciencia colectiva que invite a entender que los abusos y violaciones a los derechos humanos no pueden volver a ocurrir.

No obstante, e independiente a la no existencia de una obligación internacional pero sí a la existencia de recomendaciones, sí existe un elemento que es objetivo y que merece una consideración que hasta el momento no se ha hecho. Las declaraciones que las víctimas hicieron a la Comisión Valech se realizaron bajo la consideración que éstas quedarían protegidas por un secreto que duraría 50 años. Ante esto, es que considero necesario, y una medida de respeto básica hacia las propias víctimas, preguntar a cada uno de los 28 mil entrevistados su parecer respecto a levantar el secreto de sus propios padecimientos, con independencia a que se pudiera presumir que la mayoría de las víctimas podría estar de acuerdo con transparentar sus propias declaraciones.

Así entonces, considero que levantar el secreto del Informe Valech, respetando el derecho de las víctimas que no quieran publicitar su sufrimiento, es un tributo a la premisa democrática de respetar “el derecho a la verdad”.

Opinión 20170920-La-Tercera

Página 8: http://latercera.pressreader.com/la-tercera/20170920

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