La traición del subconsciente
27 octubre 2019 | Por Gabriela Quintana R.
El pasado domingo, y a partir de los desmanes que estaban ocurriendo, el Presidente Piñera señaló: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite». Esta afirmación, y que luego le significó arrepentirse y ofrecer disculpas por el impacto social que sus dichos generaron, pareciera ser la forma que a él le convence como solución efectiva a la presente problemática política y social. Esto es así, ya que la declaración de una guerra interna, y que debiera dar lugar a la declaración de un Estado de Sitio, conlleva a aumentar las atribuciones que tiene el gobierno para enfrentar la crisis respecto a las que ofrece el Estado de Emergencia que actualmente está vigente.
Esta distinción no es antojadiza, ya que actualmente hay numerosas acusaciones que señalan que las fuerzas militares han excedido las atribuciones que el Estado de Emergencia le confiere al Jefe Militar, las que están establecidas en la conjugación del artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción y del artículo 43.4 de la Constitución. En función de esta última norma, resulta relevante señalar que las libertades que el Presidente podrá restringir producto del Estado de Emergencia –y luego delegar al Jefe Militar–son únicamente las libertades de locomoción y de reunión.
No obstante, y a partir de lo que se ha evidenciado y de las denuncias que ha recogido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pareciera ser que –en la práctica– las actuaciones de las fuerzas militares no responden a las medidas derivadas de un Estado de Emergencia, sino de aquellas que están establecidas en el artículo 43.2 de la Constitución y que dan cuenta de un Estado de Sitio, y por las cuales el Presidente podría restringir la libertad de locomoción, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión, y también podría arrestar a las personas “en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes”.
De comprobarse que esta “confusión” ha existido y en virtud del principio de responsabilidad, hay claras oportunidades que una acusación constitucional contra el Presidente Piñera pueda prosperar.
