El 2020 se proyecta como un año muy complejo en la dinámica social y en todo lo relacionado con la política nacional. Lo anterior, en virtud que el objetivo macro de la clase política, y con independencia a todos los demás objetivos existentes, debe ser generar un vínculo con la ciudadanía que permita recuperar los niveles de confianza que merecidamente han perdido en los últimos años.

Desgraciadamente, y a partir de lo que ha sido el actuar de la clase política, y muy especialmente en lo que refiere a los últimos meses del 2019, resulta iluso proyectar confianza en lo que es la consecución de este objetivo. Esto es así, ya que hoy se evidencia que el Gobierno, el Congreso y la mayoría de los Partidos Políticos siguen cuidando sus intereses, evidenciando una sordera instrumental a la hora de escuchar las demandas y las reivindicaciones ciudadanas.

En ese contexto, la clase política sigue desprestigiándose al defender la calidad de una serie de acciones y medidas que en ningún caso responden a la corrección material de las demandas ciudadanas. Es por ello, y de cara a modificar la conducta que han tenido, es que se hace necesario que quienes integran la clase política –y de forma transversal– enmienden el rumbo y empiecen a postergar sus ya tradicionales ambiciones de mantener el poder, especialmente en un momento social altamente inestable y con varios procesos electorales a la vista. Ante esto, es fundamental que la clase política empiece a generar las condiciones para ofrecer legitimidad al potencial proceso constituyente.

En ese escenario, y más allá de los resultados que arrojó la Consulta Ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades –la que estuvo plagada de vicios metodológicos–, la presunción del triunfo de la opción de “una nueva Constitución” resulta del todo lógica, por lo que considero que no sólo es un error estratégico, sino también la demostración de un egoísmo absurdo, que la clase política siga insistiendo en mantener una posición de privilegio en el proceso que determinará si habrá o no una nueva Constitución, y muy especialmente, en todo lo relacionado a la forma en la que la Constitución se materializará.

De este modo, se hace muy necesario que la clase política no sólo llegue a acuerdos en los escaños reservados para los pueblos originarios y en lo que refiere a la paridad de género a la hora de concretar la Convención Constituyente, sino también resuelva la forma en la que garantizará que los independientes participen en igualdad de condiciones respecto a cualquier candidato patrocinado por un Partido Político.

Si esto no se concreta, la situación política y social del país –y que actualmente ya es compleja– se agudizará, perjudicando no sólo la participación ciudadana en las elecciones de Alcaldes y Gobernadores Regionales, sino que condicionando la legitimidad del proceso constituyente.

Mercurio de Antofagasta 2020/01/02