Las personas con discapacidad (PcD) han sido tradicionalmente marginadas de la participación y la toma de decisiones políticas. Esto se debe a que la sociedad tiene un sesgo, no necesariamente deliberado, contra ellas. Dicho sesgo, a su vez, se traduce en una serie de barreras (actitudinales, físicas, jurídicas, económicas, etc.) que impiden o dificultan el ejercicio de los derechos de las PcD.
Una explicación de por qué esto pasa, es la de un espiral de exclusión: dado que las PcD no son escuchadas en la esfera pública, la sociedad tiende a invisibilizar sus intereses; debido a que sus intereses son invisibles, su voz no es escuchada. Para revertir esta forma de exclusión, es importante tomar conciencia que vivimos en una sociedad discriminadora y prejuiciada y adoptar medidas para visibilizar y empoderar a las PcD.
El proceso constituyente ofrece una oportunidad única para fortalecer el respeto a los derechos de las PcD y para desechar prejuicios y estigmas en torno a ellas. Su participación podría conducir a crear instituciones políticas más inclusivas, accesibles y genuinamente representativas de toda la ciudadanía…