Meritocracia y corrupción
10 enero 2019 | Por Gabriela Quintana R.
La designación de Fernanda Bachelet como agregada comercial en Nueva York ha generado una polémica que da cuenta de una instrumental hipocresía por parte de nuestra mal llamada “clase política”. Lo anterior, en virtud que los que hoy defienden la designación (o no la cuestionan con la debida fuerza) fueron muy críticos –cuando estaban en la oposición– respecto a algunas designaciones hechas por Michelle Bachelet; muchas de las cuales estaban muy alejadas de la meritocracia como factor que sostenía la decisión. Un ejemplo de lo descrito fueron las lógicas críticas evidenciadas ante la designación de Javiera Blanco al Consejo de Defensa del Estado. Por otro lado, muchos de los que hoy cuestionan la designación de Fernanda Bachelet o, en su momento, la designación del hermano del Presidente como Embajador en Argentina, olvidan que en el pasado reciente estuvieron silentes ante el mismo tipo de mala práctica; silencio que se vio reflejado no sólo en el caso de Javiera Blanco sino también cuando se designaron como directores de CODELCO, del Banco del Estado y de TVN a figuras políticas oficialistas que no poseían las respectivas experticias técnicas.
De esta forma, resulta importante señalar que en nuestro país la meritocracia no es más que retórica. En la práctica, la meritocracia es un concepto manipulado por todos los sectores políticos. Su ausencia material nos hace suponer que los altos cargos sólo están disponibles para algunos “elegidos” o para aquellos que tienen un “ADN especial” y que los hace “merecedores” de trabajar en el Estado.
Ante esto, algunos señalarán que esta crítica es injusta, ya que se ha avanzado mucho respecto a promover la meritocracia. Para ello, los defensores del modelo recurrirán al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) como herramienta legitimadora de la modernización y de la transparencia. Pues bien, es necesario que la ciudadanía sepa que el SADP es “un mecanismo que tiene como objetivo dotar a las instituciones de gobierno –a través de concursos públicos y transparentes– de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad”, sin embargo, y a la hora de aplicar el SADP, se suelen utilizar variadas fórmulas para burlar su espíritu, como por ejemplo: direccionar las bases del concurso para que un determinado candidato fortalezca sus oportunidades respecto a otros, o dejar desierto un concurso porque la persona seleccionada para el puesto no era la que la autoridad deseaba. Así entonces, es de esperar que la “clase política” deje de instrumentalizar “las oportunidades” que los distintos gobiernos ofrecen y se dediquen a legislar para eliminar los resquicios que permiten que Chile tenga mecanismos institucionales que son permeables a la corrupción.
