Las audiencias relativas a la demanda de Bolivia en contra de Chile ante La Corte Internacional de Justicia ha generado el interés de todo el país. Ante esto, resulta muy lógico, y en función de la importancia de la temática a tratar, que los distintos gobiernos hayan respetado el acuerdo de tratar estos temas como una Política de Estado. Sin embargo, a la hora de materializar esta conceptualización, no se aprecia que la opinión de la sociedad civil esté realmente representada.

Esto es así, a pesar del esfuerzo que han hecho los distintos gobiernos por integrar dentro de su equipo de asesores a figuras de distintos ámbitos y por socializar los postulados de la defensa.

Sin embargo, y con seguridad, el gobierno de turno y el pasado no saben cuántos académicos de derecho internacional o de historia difieren de la posición técnica que ha adoptado la Cancillería a la hora de plasmar la defensa jurídica de Chile. Escuchar a todas las personas que saben y conocen de la temática y que podrían ofrecer distintas visiones debe ser visto como una acción estratégica y no como una actividad que merma o condiciona la calidad de la defensa.

En lo particular, considero que la defensa jurídica de Chile es correcta a la hora de plantearse como una defensa a una Política de Estado que está definida como absolutista a la hora de negar cualquier posibilidad de condicionar en el futuro la soberanía del actual territorio nacional. No obstante, me parece incorrecto que la defensa se forme a partir de postulados iniciales que se cierran a una visión diferente respecto a lo que puede ser una verdad jurídica.

Ante esto, considero que la defensa jurídica de Chile se ha realizado a partir de un nacionalismo mal entendido, en donde la soberbia, el optimismo extremo y la denostación de la posición boliviana han nublado el camino que pudiera llevar a una estrategia jurídica que realmente tribute a los mejores intereses del país.