La responsabilidad parlamentaria en las falsas asesorías
11 septiembre 2017 | Por Gabriela Quintana R.
El escándalo del “copy paste”, y por el cual se ha establecido que numerosos parlamentarios han pagado informes que son producto de sendos y vergonzosos plagios, es el último “regalo” con el que la clase política sigue tributando a la desconfianza ciudadana.
Al respecto, existen numerosas voces que han buscado configurar a los parlamentarios involucrados como víctimas de la irresponsabilidad y poca rigurosidad de algunos asesores y de algunos centros de pensamientos contratados a la hora de elaborar dichas minutas o informes. No obstante, mi visión es muy diferente. Lo anterior, en virtud que los parlamentarios deben, en virtud del artículo 46 de la Constitución, entre otras obligaciones, concurrir a la formación de las leyes, función que es fundamental en lo que es el buen andar democrático. Ante esto, los parlamentarios debieran establecer como una prioridad de su trabajo el análisis de distintas fuentes de información a fin de poder llegar a la instancia legislativa con los medios suficientes que les permitan asegurar una discusión seria y rigurosa, y siempre orientada a la consecución del bien común.
Así entonces, y en función de los numerosos temas sobre los que los parlamentarios deben legislar, las asesorías e informes que reciben se transforman en uno de los insumos más importantes y valiosos a la hora de cumplir con su mandato constitucional.
Sin embargo, y a la luz de lo que los hechos evidencian, buena parte de los parlamentarios son responsables en el escándalo del plagio. La conclusión anterior la justifico con dos argumentos. El primero es el relacionado con la escasa auto fiscalización que ellos realizan de lo que es su entorno y lo que es la calidad de su propio trabajo. Esto es así, ya que un parlamentario que entiende lo importante de su trabajo debiera ser capaz de identificar una asesoría de calidad. El segundo argumento es el que refiere a la instrumentalización política que muchos parlamentarios hacen a la hora de elegir los asesores o los centros de pensamientos que le “ayudarán” en su tarea legislativa. Esto, en virtud que la mayoría de los parlamentarios ocupan los recursos del ítem asesorías no en la contratación de expertos que pudieran brindar una visión especializada sobre un tema específico, sino que utilizan los fondos con el objetivo de devolver favores políticos, o bien para justificar la desviación de dineros a fin de ocuparlos en el financiamiento de campañas políticas o bien para sustentar económicamente a centros de pensamientos ideologizados que poco o nada contribuyen a discusiones serias y rigurosas de los temas país.
