Lo que políticamente ocurre en Brasil es muy importante en la región.  Es por ello, que resulta fundamental entender que es lo que está sucediendo en la potencia sudamericana a fin de sacar lecciones que eviten que el caos político que allí se vive se replique en el resto de las sociedades latinoamericanas.

Desde hace años Brasil está sumergido en una nube de corrupción política, evidenciándose que el desarrollo de Brasil no ha sido pensado en aras del bienestar de sus ciudadanos, sino que ha sido secuestrado y condicionado por los intereses particulares de los representantes populares y de las grandes empresas. En este sentido, la salida de Dilma Rousseff, tras un impeachment, evidenció  no sólo una nefasta trama asociada a la corrupción y falta de probidad en el Partido de los Trabajadores, sino también una instrumentalización de la ética pública por parte de los intereses de los partidos opositores a fin de hacerse de un poder político que no pudieron conseguir en las urnas.

No obstante a ello, y después de poco más de un año en el poder, el reemplazante de Rousseff, el Presidente Michel Temer actualmente se ve envuelto en un escándalo de corrupción y cohecho que ha significado que muchos ya estén pidiendo su salida inmediata del Palacio de Planalto. Esta situación, asociada a una grabación en la que se escucha al Presidente Temer apoyando el pago de coimas al ex presidente de la Cámara de Diputados a fin que éste no confesara hechos de corrupción, sumada a acusaciones anteriores relativas a la aceptación de sobornos, ha evidenciado que la relación entre la política y el dinero no debe ni puede quedar en la conciencia ética de las personas que operan en el ámbito público, sino que debe ser resguardada por normas jurídicas que no sólo condicionen la oferta que algunos hacen para intentar corromper a un funcionario público, sino también la omisión, aceptación y la no denuncia de estos hechos.

De esta forma, y extrapolando el fenómeno de la corrupción a nuestra realidad política, hoy observamos que este flagelo ya se instaló en nuestro país, alcanzando a muchas figuras de buena parte de los sectores políticos de nuestra sociedad. En ese sentido, los cambios normativos que se han hecho en Chile a fin de profundizar la probidad y transparencia, si bien dan cuenta de una mejora objetiva a lo que previamente existía, no dejan de ser claramente insuficientes. Lo anterior, en virtud que se necesita que en la elaboración de las normas jurídicas respectivas no se escondan intereses partidistas y particulares que permitan la impunidad de aquellos que ya han evidenciado conductas corruptas y que hoy están y han estado en el servicio público, debiéndose realizar una discusión parlamentaria que integre a la hora de concretar normas una mirada integral respecto a lo que es el mandato constitucional orientado al bien común y no la actual instrumentalización que se observa en las nuevas leyes respecto a lo que es el fundado cansancio ciudadano.

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