Las decisiones políticas que ha ido adoptando el gobierno Venezolano, especialmente durante la época en la que Maduro ha estado en el poder, ha llevado a que varios analistas cualifiquemos su actual sistema de gobierno como una dictadura. No obstante a esto, muchos gobiernos latinoamericanos, y en virtud de una cobardía política que instrumentaliza el principio de no injerencia reconocido en La Carta de Naciones Unidas, han optado por hacer llamados a la reinstalación del estado de derecho en el país llanero sin llegar a cualificar al gobierno de Maduro como uno de tipo dictatorial. En este sentido, y a partir de lo que han sido sus políticas y últimas decisiones, tales como el condicionamiento a la autonomía del poder judicial, la ideologización de instituciones republicanas como el Servicio Electoral, el no respeto a normas constitucionales, y la restricción material y jurídica que sufre la oposición y por la que no puede gozar los mismos derechos que sí tienen los partidos oficialistas, es que considero que el actual sistema de gobierno venezolano cumple con las condiciones necesarias para ser cualificado como una dictadura. No obstante, esta dictadura tiene un matiz respecto a la forma característica con la que se suelen describir a los gobiernos dictatoriales. Esto es así, ya que la intención de Maduro es perpetuarse en el poder disfrazando su sistema político con el ropaje electoral característico de los sistemas democráticos. Sin embargo, resulta fundamental entender que la instalación de plebiscitos y referéndum no es la condición esencial para cualificar un sistema de gobierno como democrático. Esta cualificación se alcanza cuando un sistema político, además de ofrecer los derechos civiles y políticos, es respetuoso de los derechos humanos y de los derechos que su Constitución establece.

De esta forma, y haciendo un análisis del contexto venezolano de los últimos años, no cabe otra cosa que cualificar a Venezuela como una dictadura que merece el repudio de todos los Estados que se proclaman como sistemas democráticos.

Ante esto, y producto de la inacción que al respecto han tenido los Estados latinoamericanos, es que resulta altamente valorable que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos respaldara, aún sin el acuerdo institucional de la OEA, la decisión que adoptara El Mercosur de suspender a Venezuela de su membresía. Lo anterior, por considerar que el gobierno de Maduro no sólo ha roto el orden democrático, sino que busca perpetuarse en el poder al pretender inhibir el peso político de la oposición y derribar la autonomía de algunos órganos del Estado.

En este sentido, la opinión del Secretario General de la OEA, si bien no es vinculante y puede ser criticada a partir de una posición que también podría ideologizada, alcanza importancia, ya que invita a reflexionar respecto a la actitud cobarde que han demostrado los Estados latinoamericanos, los que han esbozado de manera tibia sus consideraciones respecto a las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela y, últimamente,  a lo ilegal que fue la implementación de la Asamblea Constituyente.

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