La lucha contra el cambio climático es un fenómeno que a lo largo de los años y a nivel internacional ha logrado reunir distintas y muy diferentes voluntades políticas. Lo anterior, se ha conseguido en virtud de complejas negociaciones y la instalación de un consenso político que lleva a caracterizar al cambio climático como una de las amenazas más grave que tiene la humanidad en el Siglo XXI.

De este modo, las necesidades e intereses de los diferentes Estados, y que se han orientado generalmente a defender su matriz productiva y la forma en la que su desarrollo se ha conjugado con su gasto energético, han sido desplazadas por una voluntad internacional asociada a la cooperación y a la integración de mecanismos que buscan mitigar los nocivos efectos que hoy se le reconocen al flagelo. Estos efectos, y que no solo pueden analizarse desde un punto de vista económico –tal como instrumentalmente lo hiciese el Informe Stern–, requieren también de una mirada multidimensional que esté avalada y liderada desde el seno de Naciones Unidas y con el compromiso y apoyo de las grandes potencias.

Es por esto que la voluntad expresada por Barack Obama de ser parte del Acuerdo de París, y que se explicitó con su intención de reducir entre un 26% y 28% sus emisiones al 2025 respecto a las emisiones que Estados Unidos producía el 2005, fue aplaudida por la comunidad internacional, ya que significaba el compromiso unilateral de Washington de disminuir y controlar sus emisiones, lo que era una actitud novedosa respecto a la condición de reciprocidad que Washington siempre exigió a China y Rusia a la hora de negociar la disminución de las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la llegada de Donald Trump a La Casa Blanca menguó el optimismo de éxito que impregnó al Acuerdo de París. Lo anterior, en virtud que Trump anunció, como promesa de campaña, que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo por ser un instrumento que no garantizaba los intereses y la seguridad de Washington. Pues bien, pasados siete meses desde su llegada a La Casa Blanca, Trump cumplió con su promesa y envío a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, una notificación en la que expresaba su intención de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático. No obstante, y sabiendo que la presencia activa de Estados Unidos en los Acuerdos son fundamentales para el logro de los objetivos planteados, resulta importante determinar las efectividades temporales que tiene la notificación que hizo el Gobierno de Trump.

En ese sentido, resulta relevante señalar que el artículo 28 del Acuerdo de París establece que una Parte contratante se puede retirar del pacto solo después de tres años desde la fecha en que el Acuerdo entró en vigor para esa Parte. A su vez, el retiro solo tendrá efecto al cumplirse un año desde la fecha en la que la Secretaría General de Naciones Unidas recibiera, en su calidad de depositario del instrumento, la notificación de retiro. Por lo tanto, Estados Unidos deberá permanecer y respetar las estipulaciones del Acuerdo de París hasta noviembre de 2019, ya que este se unió al Acuerdo en septiembre de 2016, entrando en vigor para ellos en noviembre de 2016.

El no cumplimiento de Washington de sus obligaciones y compromisos no solo le configura como un paria de la comunidad internacional ante un fenómeno caracterizado como una amenaza global, sino también configura su responsabilidad internacional por un hecho internacionalmente ilícito.

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