El tema de las pensiones se ha instalado en el debate nacional, captando –al menos instrumentalmente y con fines electorales– la atención de una clase política que durante 36 años convivió y amparó en forma silente los abusos del modelo.

A fin de transparentar lo que ocurre en este tema, y en función de las cifras oficiales que entrega la Superintendencia de Fondos de Pensiones, es que considero relevante exponer cual es la real situación de las pensiones en el país.

A partir de ello, debo señalar que en Chile hay más de 1.1 millones de personas que reciben en promedio 207 mil pesos, promedio que sube a 220 mil si se considera el aporte solidario que realiza el Estado. Ante estos datos, resulta importante señalar que los promedios pueden falsear al alza los montos en cuestión, especialmente cuando se implementan como factores de análisis en sociedades altamente desiguales. A su vez, es importante explicitar que los promedios invisibilizan lo altamente discriminatorio que es el modelo para la mujer trabajadora respecto a los montos que reciben los hombres. Es por todo ello, que resulta importante centrar el debate en cifras que evidencian objetivamente el problema.

De esta forma, uno de los datos decidores y por el cual el tema de las pensiones explotó, es aquel que establece que poco menos de 850 mil pensionados recibe actualmente un monto inferior a 160 mil pesos, lo que es insuficiente de cara a los gastos que tiene una persona con independencia a la etapa de su vida en la que se encuentre. De hecho si se considera que el salario mínimo es de 257 mil pesos, y que su finalidad es la satisfacción de las necesidades más primordiales de los trabajadores y su familia, resulta fácil concluir lo indigno que son las pensiones. En este mismo sentido, y a partir del pilar solidario creado el 2008, las personas que nunca han cotizado y que pertenecen al 60% más pobre del país reciben una pensión básica solidaria de 93 mil pesos, correspondiente al 36% del salario mínimo.

Ante esto, resulta evidente concluir, y más allá de toda duda razonable, que en Chile no existe un sistema de seguridad social. En Chile, el modelo –y más allá del aporte solidario del Estado– da cuenta en la práctica de un sistema de ahorro que es de tipo individual, obligatorio y de carácter privado, modelo que no es replicado por la mayoría de los Estados desarrollados, los que han optado por un sistema de tipo solidario y por el cual los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados a través de un sistema que considera que cerca del 85% de la cotización se va al reparto y el 15% al ahorro individual, realizando los ajustes necesarios en función de los evidentes cambios que existen en todas las sociedades y modelos económicos; ajustes que se hacen sin perder el objetivo central relativo a ofrecer verdadera dignidad económica a las personas que con sus trabajos aportaron al desarrollo de sus respectivas sociedades.

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