Dos docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile Puerto Montt participan en Fondecyt Regular de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) 2024.  Se trata de la Dra. Viviana Ponce de León con un proyecto Fondecyt Regular y Dr. Bruno Rusca con un proyecto Fondecyt de Iniciación.

También otros tres académicos de la Facultad en Valdivia participan en proyectos Fondecyt 2024, esto son los docentes Dr. Pablo Marshall; Dr. Gustavo Beade; Dra. Leticia Morales y Dr. Alberto Coddou.

El objetivo del concurso Fondecyt Regular es promover la investigación de base científico-tecnológica en las diversas áreas del conocimiento, mediante el financiamiento de proyectos de investigación individual de excelencia orientados a la producción de conocimiento.

Los Proyectos que financia Fondecyt son propuestas de investigación científica o tecnológica, esto es, que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones previstas a través de hipótesis de trabajo explicitadas en el proyecto. Los proyectos se seleccionan teniendo en cuenta su calidad intrínseca y el mérito de los/as postulantes, sin distinción de áreas, género o procedencia institucional.

Fondecyt Regular

La profesora auxiliar del Instituto de Ciencias Jurídicas de Derecho UACh, Puerto Montt, Dra. Viviana Ponce de León se adjudicó fondos para desarrollar su investigación en el concurso Regular 2024 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).

El proyecto N°1240227 de la investigadora titular Viviana Ponce de León se titula «La condicionalidad del sistema de asistencia social bajo el enfoque de derechos: análisis a la luz de los principios de universalidad, indivisibilidad e igualdad y no discriminación» y cuyo coinvestigador es el profesor auxiliar del Instituto de Derecho Público, Dr. Alberto Coddou.

El objetivo general del proyecto es proponer, sobre la base del análisis del Sistema Intersectorial de Protección Social chileno, criterios que permitan compatibilizar las técnicas de condicionalidad propias del sistema de asistencia social con los principios subyacentes al enfoque de derechos, con particular énfasis en los de universalidad, indivisibilidad e igualdad y no discriminación.

La investigadora Dra. Ponce de León, indicó que, “abordar este tema es especialmente relevante en la actualidad, toda vez que la asistencia social se ha erigido en un componente clave para responder a los efectos de las crisis económicas y de salud pública que se han presentado en los últimos años, al tiempo que la condicionalidad como técnica regulatoria cobra renovado atractivo, de cara a la implementación de medidas de austeridad para racionalizar el gasto público”.

Fondecyt de Iniciación

En tanto, el profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de Derecho UACh, Puerto Montt, Dr. Bruno Rusca lidera el Fondecyt de Iniciación N° 11240417 titulado «La relevancia del conocimiento para la solución de los casos denominados de ceguera ante los hechos».

En líneas generales, se espera que la ejecución del proyecto permita esclarecer los problemas que involucra la atribución de responsabilidad penal en los casos denominados de ceguera ante los hechos, esto es, las situaciones en las que el agente no se representa las consecuencias típicas de su conducta, en circunstancias en que tales consecuencias resultan evidentes para cualquier persona razonable.

Más precisamente, se pretende demostrar que, aun en dichas situaciones, es necesaria la representación de las circunstancias típicas para fundamentar el mayor reproche que involucra la imputación de dolo. De esta forma, la investigación constituirá un aporte al desarrollo de la dogmática penal local, en particular en relación con la dimensión subjetiva de la responsabilidad penal. Y, además, el trabajo contribuirá a orientar las decisiones de los tribunales en casos particularmente difíciles, en los cuales la distinción entre dolo e imprudencia resulta una tarea compleja.

El investigador Dr. Rusca explicó que la pregunta sobre cuán grave debe ser el reproche penal por la realización de un comportamiento prohibido, como la que se abordará en la investigación, configura un problema jurídico y moral de importancia fundamental para la tarea de administración de justicia penal; y, además, constituye una tarea compleja, pues requiere armonizar adecuadamente distintos intereses.

“En efecto, en dicha tarea se halla implicado el interés de la víctima en que se reconozca que sus derechos han sido vulnerados, el interés de los miembros de la sociedad en evitar que se cometan futuros delitos y el interés del autor del delito en no ser castigado más gravemente de lo que merece por lo que hizo. En este sentido, al realizar un aporte al problema de cómo debe ser la respuesta penal en casos particularmente complejos, se espera que la investigación pueda contribuir también a mejorar la calidad de nuestras reglas y prácticas de responsabilidad penal”, detalló el académico.