Una de las principales características de la actual sociedad internacional se basa en el hecho que su modelo de desarrollo está asociado directamente a los niveles de producción. La baja en las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población se presentan como amenaza a un modelo que se presenta como hegemónico.

En función de lo que ha señalado las Naciones Unidas en su Informe «Perspectivas de la Población Mundial», el número de personas mayores a los 60 años se duplicará para al 2050 y triplicándose para 2100 por lo que se hace esencial enfrentar de manera adecuada el fenómeno. En la lógica del actual modelo de desarrollo, se puede señalar que el envejecimiento de la población -y el no reemplazo generacional de la fuerza de trabajo- provoca evidentes consecuencias no sólo en lo que refiere al mercado laboral sino también en lo que se relaciona a la oferta y demanda de bienes y servicios, y en todo lo que respecta a la protección social en Estados que se presentan como respetuosos de los derechos humanos de su población.

El envejecimiento de la población, y que se ha potenciado en las últimas décadas en virtud del aumento de la esperanza de vida de las personas, está provocando que los Estados estén pensando en las formas en la que han de asumir el desafío de implementar medidas adecuadas que permitan conjugar el desarrollo y la producción con todo lo que está asociado a la dignidad y derechos de las personas que llegan a la ancianidad. El retraso de la edad de jubilación es una de las medidas que más fuerza tiene pero que más debate ha provocado. Los defensores de esta posición señalan que el nivel de vida de las sociedades ha provocado que las personas mayores estén llegando activas a su ancianidad y con una experiencia que tributa de manera directa a la optimización de la producción. Los detractores señalan que la posición anterior busca disfrazar la responsabilidad del Estado en todo lo que respecta a la precariedad de las pensiones que reciben las personas que llegan al fin legal de la edad laboral.

Reconociendo la relevancia del tema, es fundamental que la discusión legislativa y la implementación de políticas públicas en torno a lo que es la ancianidad requiere una mirada integral pero siempre priorizando las consideraciones asociadas a lo que es la dignidad de los adultos mayores.

El Llanquihue