El desarrollo integral de las sociedades modernas ha de conjugarse necesariamente con dos factores que son fundamentales: la gobernabilidad y la economía. En ese contexto, la influencia que provocó el Consenso de Washington, determinó –en la década de los 90– que la agenda política de la mayoría de los países en Latinoamérica entendiese que la apertura comercial debía ser el elemento que generaría el anhelado crecimiento y, en consecuencia, la esperada estabilidad política. Lo anterior, alcanzaba especial importancia si se considera que en la región las dictaduras habían sido el denominador común en la segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, y ante lo indudable del éxito que tuvo la instalación política del modelo que el Consenso de Washington  promovía, hubo un factor que quedó en deuda, y que se manifestó fuertemente en la realidad chilena, y que no era otro que el relativo a la  consecución de  la equidad a la hora de distribuir la riqueza. De este modo, y mientas los indicadores macroeconómicos de Chile mejoraron ostensiblemente en la década de los 90 del Siglo pasado, los indicadores que se asociaban a la percepción ciudadana en cuanto a la distribución de la riqueza y al valor del dinero sólo lo hicieron en forma gradual y mitigada, generando molestia y desconfianza.

Es en ese escenario socioeconómico que la ciudadanía comienza a empoderarse y a evidenciar que el modelo económico, si bien había significado mejoras en el acceso a servicios y productos, también se comportaba en forma irresponsable, al posibilitar, entre otras condiciones, las deudas y el consecuente empobrecimiento de aquel que no podía pagar.

La distancia existente entre la clase política (defensora del modelo) y una ciudadanía (cada vez más cansada de éste) fue provocando que ésta se alejara cada vez más de las urnas, generando una incertidumbre electoral que causó temor en los partidos políticos al evidenciar que sus cuotas de poder quedaban condicionadas a la aparición de alguna figura con un discurso populista. De esta forma, y como respuesta a este nuevo escenario, los partidos políticos –transversalmente e instrumentalmente– iniciaron un proceso de popularización de sus programas políticos, extremado –en algunos casos– las condiciones de estabilidad que el sistema internacional reconoce en Chile.

De esta forma, y entendiendo que el modelo económico actual es injusto para millones de chilenos, es importante que se realice una modificación a éste y que se atienda a la mejora en las condiciones sociales de las personas a partir de una mejor distribución de la riqueza y el reconocimiento al acceso a derechos que son parte de los derechos humanos. Sin embargo, es importante que esto se haga con elementos de responsabilidad que no condicionen el desarrollo integral de nuestro país y que no estén condicionados por medidas populistas, las que no sólo terminan afectando el desarrollo económico integral de la nación, sino también la necesaria gobernabilidad.

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