Hace un par de semanas, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección presentado por el Colectivo Sin Fronteras a favor de más de 30 niños y niñas migrantes venezolanos que, al no contar con documentos de identidad de su país de origen, no pueden regularizar su situación migratoria en Chile. Esta situación, lejos de ser solo un asunto técnico o jurídico, tiene profundas implicancias en el acceso a derechos fundamentales como educación, salud y protección social.

Desde el Trabajo Social, comprendemos que las normas y procedimientos, cuando no incorporan un enfoque de derechos, pueden transformarse en mecanismos de exclusión. En este caso, la infancia migrante queda atrapada en un limbo burocrático que vulnera principios consagrados tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales ratificados por Chile.

Como formadores de futuras y futuros trabajadores sociales, tenemos la responsabilidad de promover una mirada crítica frente a estas injusticias. Este caso no solo evidencia una falla institucional, sino también la necesidad de fortalecer la incidencia desde la sociedad civil. La acción del Colectivo Sin Fronteras es un ejemplo concreto de cómo la organización comunitaria puede visibilizar y defender derechos.

Además, este precedente abre la posibilidad de repensar nuestras políticas migratorias. La protección de la niñez no puede depender de la tenencia de documentos que, en muchos casos, son imposibles de obtener por razones ajenas a la voluntad de los propios niños y niñas. Urge un cambio estructural que garantice el principio del interés superior del niño, por sobre cualquier traba administrativa.

Chile ha manifestado su compromiso con la niñez y la inclusión en distintos espacios. Hoy, más que nunca, ese compromiso debe traducirse en políticas concretas que aseguren dignidad y derechos para todas las infancias, sin discriminación.

Como docente e investigadora universitaria en Trabajo Social, invito a mis colegas, estudiantes y profesionales del área a seguir reflexionando, investigando y actuando desde un enfoque de derechos humanos, con la convicción de que ninguna infancia puede quedar atrás. Que este caso nos movilice a construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, donde cada niño y niña, sin importar su origen, pueda crecer con dignidad, protección y esperanza.

Por Carla Fierro Retamal

Académica de la Escuela de Trabajo Social.

Directora Consultorio Interdisciplinar al Migrante

Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt