La manera en que se considera la discapacidad ha evolucionado y actualmente el paradigma para visualizar su abordaje, avanza hacia una concepción basada en derechos humanos que cuestiona el concepto de la discapacidad como una situación individual, producida desde una alteración biológica u orgánica centrada en el déficit, considerando que más bien, corresponde a una compleja trama de situaciones y que entre ellas se encuentran las creadas por un entorno que invisibiliza a las personas con discapacidad (PcD) sin reconocerlas como sujetos de derecho.

El segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado el año 2015, indica que las PcD en Chile, alcanzan al 20% de la población. Este gran porcentaje de personas tiene un bajo acceso al empleo remunerado ya que mientras la mayor proporción de personas sin discapacidad se encuentra ocupada (63,9%), un porcentaje mayoritario de las personas con discapacidad está económicamente inactiva un 57,2% según el Informe de Desarrollo Social 2016.

La aprobación del nuevo proyecto de ley de inclusión laboral, establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad en organismos del Estado, civiles y militares, y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios.

Las leyes que favorecen la inclusión deben ir acompañadas de educación, ya que, si se instauran desde un concepto asistencial basado en prejuicios e ideas negativas que no consideran las aspiraciones, necesidades y decisiones de las PcD, no producirán los cambios que ayuden a reconocer que la diversidad es fuente de riqueza y de aporte.

Las barreras relacionadas con la actitud son reconocidas como las más difíciles de modificar y son éstas las que en mayor medida limitan el acceso a una inclusión efectiva.

 Se requiere reflexión para entender la discapacidad desde un enfoque que genere acciones desde el comprender que las personas PcD poseen los mismos derechos que todos, sólo por el hecho de ser personas.

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