Los alcances de la intervención del Estado, en un sentido de pertinencia, oportunidad y equidad en los diversos territorios del país no siempre es la esperable. De hecho, es cuestión de observar cómo se distribuyen territorialmente los bienes y servicios públicos y nos daremos cuenta de que ésta es altamente asimétrica.

Decir que el país presenta importantes niveles de desigualdad es parte de un sitio común, tenemos que orientar ese dato para poder analizar la dinámica socio- territorial. Así, por ejemplo, sabemos que tal desigualdad toma la forma –por ejemplo– en la denominada desigualdad residencial. Vale decir la inequitativa distribución territorial de infraestructura pública y privada servicios, empleos, transporte, espacios de esparcimiento y recreación para las personas.

Abundan en las ciudades del país importantes y amplios sectores urbanos donde el Estado está ausente de oferta de servicios y bienes públicos de calidad que, ciertamente gatillan un conjunto de externalidades negativas que afectan la vida cotidiana de la población. Y como bien sabemos, cuando ocurre dicha ausencia y los capitales sociales son endebles, los espacios vacíos son ocupados por otro tipo de actores que amenazan la convivencia y paz social en nuestros barrios.

Cuando producto de políticas públicas mal hechas –fallas del Estado– se adicionan situaciones de pobreza y exclusión social. No olvidemos que tenemos muchos ejemplos en que producto de políticas de viviendas inexcusablemente mal diseñadas e implementadas provocaron que familias con mayores carencias socioeconómicas fueran concentradas territorialmente en sectores carentes de servicios, recursos y oportunidades. Frente a una situación tan cuestionable, es inevitable contar con una segregación social acompañada de apoderamiento de los territorios de la delincuencia y, especialmente, del narcotráfico.

Por cierto, a los grupos que desarrollan actividades delictuales en torno al narcotráfico les interesa sobremanera hacerse fuertes en dichos espacios donde pueden operar con libertad e impunidad sobre la base de amenazas y amedrentamiento a los vecinos. El narcotráfico secuestra barrios en nuestras ciudades basado en el miedo y teniendo como aliado la falta de atención crónica de las autoridades. Esto se hace más complejo cuando el narcotráfico captura a las autoridades locales imposibilitando medidas de protección a la ciudadanía.

Como bien sabemos por la experiencia comparada las bandas organizadas orientadas al narcotráfico asumen como prioridad no solo el control de los territorios vecinales también es prioridad controlar a los decisores de políticas municipales para acceder a patentes y permisos que les permitan lavar los dineros obtenidos en su empresa de ilícitos y delitos contra la salud.

Es probable que estas líneas a muchos les puedan parecer exageradas, y que corresponden más bien a tendencias que podemos observar en ciudades de mayor envergadura e incluso de no ocurrencia en el país. Nada más equivocada tal observación, nuestro país cada vez está más dominado por grupos que llevan adelante el crimen organizado y, es de toda racionalidad exigir a las autoridades públicas llevar a cabo programas de intervención socio territorial que permitan recuperar los espacios urbanos y combatir integralmente el tráfico de drogas y su consumo en los distintos niveles sociales. Solo hay que recordar que la comuna de Puerto Montt ya fue considerada en el año 2019 como o una de las 33 comunas que presentan redes de narcotráfico operando, según estudio del actual gobierno a través de un convenio de colaboración técnica con la Universidad Adolfo Ibáñez.

Todos los actos delictuales que involucra el narcotráfico encuentran terreno fértil en los espacios urbanos en que el Estado tiene una persistente ausencia, debemos evitar la estigmatización de los sectores más vulnerables. Al final del día son los sectores de mayor ingreso los que acceden a las drogas más duras y de mayor costo.  Son tales grupos los que ostentan complejos procesos de protección que obtienen productos de sus posiciones privilegiadas y redes de poder en nuestra sociedad.

El Llanquihue 11/07/2021

El Llanquihue