Chile tuvo su primera jornada de exposición en La Corte Internacional de Justicia. Las alegaciones nacionales comenzaron con el Agente Claudio Grossman, quien caracterizó a Chile como un Estado democrático amante de la Paz y respetuoso del derecho internacional. El Agente señaló que Chile y Bolivia resolvieron todas las cuestiones territoriales pendientes a través del Tratado de 1904, negando la existencia de alguna negociación histórica que esté fuera del ámbito del Tratado. El Agente nacional señaló que Bolivia desea revisar el Tratado de 1904, acusando al gobierno de Evo Morales de camuflar sus intenciones con lo resuelto por La Corte en la Excepción Preliminar de 2015. Al respecto, puedo señalar que el Agente hizo una presentación simple pero errada al insistir con el argumento relativo a que Bolivia busca invalidar el Tratado de 1904; posición que Bolivia ya señaló que no tiene y que La Corte ya anunció que no validará.
Luego vino el turno del abogado Daniel Bethlehem quien basó su exposición en función de los postulados que Bolivia emitió en las dos primeras jornadas. Así buscó cuestionar el argumento relativo a la forma en la que se puede crear una obligación para un Estado, caracterizando a la demanda boliviana como cambiante y funcional, agregando que los argumentos del país altiplánico eran no sólo ambiguos sino que cuestionaban la eficacia de la diplomacia. Al respecto, puedo señalar que el abogado cayó en la misma ambigüedad que quiso combatir, camuflando su tambaleante discurso con la válida premisa que una interacción diplomática no puede generar obligaciones jurídicas.
Con posterioridad, el turno fue para el abogado Thouvenin, a quien le correspondió cuestionar las fuentes del derecho internacional que invocó Bolivia como base para probar la obligación de Chile. En lo personal, considero que sus explicaciones no fueron precisas y cayó en una teorización que no fue determinante, especialmente cuando se refirió a los Actos Unilaterales de los Estados y al Stoppel. A mi entender, hubiera resultado deseable que el abogado destruyera en forma directa los postulados bolivianos sustentados con estas fuentes.
La abogada Parlett, fue por lejos, la que mejor performance tuvo de cara a los intereses chilenos. Lo anterior, en función que su discurso se basó en impugnar en forma directa los postulados emitidos por Bolivia en lo relativo al peso que tuvieron las interacciones diplomáticas entre Chile y Bolivia a principios del siglo XX. La abogada cuestionó eficazmente que Chile se haya comprometido jurídicamente a negociar el acceso soberano. Lo anterior, lo hizo refutando la existencia de un acuerdo expreso, acuerdos tácitos, declaraciones unilaterales y la existencia de un pacto histórico que permitiese evidenciar que la negociación por un acceso soberano es anterior al Tratado de 1904 y que supera en el tiempo a los alcances del mismo tratado.
Las audiencias finalizaron con la presentación del abogado Wordsworth quien comenzó muy bien a la hora de cuestionar lo tardío de la imputación jurídica que Bolivia quiere dar a las dos Notas diplomáticas de 1950, sin embargo, y con el pasar del tiempo, su discurso fue perdiendo peso llegando a presentar pruebas que son interpretativas para La Corte, tal como las conclusiones derivadas de las conversaciones entre González Videla y el Presidente de EE.UU. Truman.