Se suele señalar que el derecho internacional es la piedra angular sobre la que se sostiene la estructura del sistema internacional, por lo que su violación -en esencia- podría llegar a configurar una amenaza a la paz. En ese contexto, los Estados que se proclaman democráticos deben ser los principales promotores del sistema. Sin embargo, hay un Estado que -declarándose una democracia- sistemáticamente y sin repararos transgrede el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; el Estado de Israel.
Como ejemplo, y a partir del 1 de julio y con el aval del gobierno de Trump- la Administración de Netanyahu pretende anexarse un 30% de Cisjordania y del Valle del Jordán, buscando extender de facto -y como potencia ocupante- una soberanía que no tiene y que el derecho internacional no le reconoce, configurándose la ambición de judaizar el territorio palestino no sólo como una medida ilegal, sino también como una amenaza a la paz que impide la materialización de la solución de dos Estados soberanos.