Amnistía Internacional hizo una revisión de la gestión del actual gobierno en materia de Derechos Humanos. Ante esto, señaló que algunas de las deudas que Chile evidencia han «ido disminuyendo poco a poco, mientras que otras se han mantenido o han aumentado en el tiempo». Respecto a estas últimas, las deudas que han creciendo refieren a materias asociadas a la dignidad, igualdad, condiciones de vida, y exigibilidad y justicia.

Así por ejemplo, cuestionó la eficacia que puede tener la ley que despenalizó el aborto en tres causales a partir de lo que fue la validación que hiciera el Tribunal Constitucional del reglamento que impulsó el gobierno y por el que se permitió que la objeción de conciencia alcanzara a instituciones.

Criticó también la decisión del gobierno de modificar el Plan Nacional de Derechos Humanos a fin de eliminar su rol en lo que respecta a la promoción de igualdad de derechos en materia de matrimonio.

Cuestionó también las indicaciones que el gobierno realizó al proyecto de ley que buscó regular las adopciones de parejas del mismo sexo, priorizando las adopciones de niños en favor de parejas heterosexuales.

Otras críticas, refieren a la situación de las personas migrantes, especialmente tras el «proceso de regularización extraordinaria» y que permitía expulsar a colectivos aplicando criterios generales sin un análisis caso a caso, así como la decisión de Piñera de no firmar el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Otros cuestionamientos se dieron por la no ratificación de Chile del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, por el cual se crea un mecanismo de reclamo de vulneraciones ante el respectivo Comité.

En materias medioambientales, se evidenció una deuda respecto al control de la contaminación en las llamadas «zonas de sacrificio» y en la no firma del Acuerdo de Escazú, y por el cual se establecen normas de protección a defensores del medioambiente.

Otra deuda -ya clásica- refiere al no reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Respecto a lo que es el acceso a la justicia, se establece que se hace urgente una reforma a la ley antiterrorista chilena que corrija las falencias en materia de principio de legalidad y debido proceso.